I. Denuncio el operativo policial militarizado de la Dircote ordenado y montado por el actual presidente del Inpe contra 40 mujeres desarmadas más 2 bebés.
II. Es abusivo, ilegal, vejatorio y humillante. Han incursionado a la carrera desde la puerta principal hasta las celdas del tercer piso del pabellón "B", profiriendo a gritos agravios a nuestra condición de mujeres y de ciudadanas con derechos. Han sido 100 efectivos policiales vestidos de civil provistos de armas y cámaras ocultas, protegidos por aproximadamente unos 150 uniformados Goes, hombres y mujeres, estas con guates quirúrgicos a más de todos con sus "armas de reglamento", escudos y chalecos antibalas. ¡Desproporcionado y evidente provocación!
III. Se han ensañado contra quienes gestionan su derecho a la liberación condicional, entre ellas Maritza Garrido Lecca cuyo expediente ya estaba observado ante la presión gubernamental, a la compañera Margot Liendo de 61 años, víctima de la masacre de Castro Castro, el 92, nunca indemnizada pese a sentencia de la CIDH, con 22 años de prisión efectiva.
IV. Todo en aplicación de las frases oficiales del Presidente de la República y otras altas autoridades, referente a que "yo me encargaré que no salga ningún terrorista" autoerigiéndose en un absolutista sin Dios ni ley.
V. Dejo constancia que durante estos años hemos mantenido con las autoridades trato correcto y de respeto mutuo. También en esta oportunidad hemos actuado así. Conversamos en buenos términos con el jefe de seguridad del Inpe, en presencia de la Delegada General, funcionario quien también respetuoso garantizó de palabra que los objetivos eran drogas, alcohol y artefactos prohibidos, lo que acordamos acatar y contribuir aún más con el órden de la supuesta requisa. En medio de esta intervino la Dircote y a partir de allí desconocieron todo, ley, delegaturas, respeto, todo, pese a también haber tratado con quien supuestamente era el jefe de Dircote pasaron a desenvolver los excesos cometidos.
VI. La respuesta de las prisioneras fue defendernos con nuestra palabra, explicar nuestra posición mantenida desde 1993, que la guerra popular terminó, reiterando que nada tenemos que ver con los anti maoístas del VRAE y que estamos por actuar políticamente dentro del artículo 35 de la Constitución Política vigente, amparándonos en ella en cuanto a la libertad de pensamiento.
VII. La parte más recalcitrante de la reacción peruana reaviva los momentos más negros de la historia de la humanidad al no tolerar las ideas cuestionadoras de "lo establecido", por eso persiguen a los marxistas-leninistas-maoístas del Perú, pretenden desaparecer al PCP y extinguir a sus componentes, familiares, abogados, amigos o simpatizantes. Esto es ignominioso, las ideas se combaten con ideas no con represión.
VIII. Lo hecho el jueves 24 de junio de 5 a 5 horas contra 40 mujeres desarmadas y poniendo en zozobra a más de 200 prisioneras de este penal divide en vez de reconciliar, esto perpetúa la represión en vez de amnistiar a todas las partes, esto militariza en vez de dar una solución política por la cual seguiremos bregando junto al pueblo.
Elena Iparraguirre Revoredo Chorrillos, 27 de junio del 2010
A las 5.30 de la tarde del día jueves 24 de junio el régimen decidió lanzar sus aparatos represivos contra las inermes 40 prisioneras políticas de Santa Mónica o simplemente Chorrillos, en el Sur limeño.
“Las conozco –acaba de decir Gustavo Gorriti en Cuarto Poder-, he entrevistado varias veces a Elena Iparraguirre, y lo que puedo decir es que ellas no están por la violencia. Además, varias pasan los 50 o 60 años”.
Cerca de 200 miembros amenazantes de la Goes, irrumpieron en el interior del penal e hicieron bajar a las reclusas al patio para proceder a una agresiva y meticulosa búsqueda de pruebas con apoyo de un centenar de efectivos de la Dincote. Pero para buscarlas y fabricarlas debieron transcurrir doce horas.
Extenderla toda esa noche invernal, tan cruda y saturada de la humedad propia de una zona costera como Chorrillos, es también una agresión.
ELENA IPARRAGUIRRE SE PRONUNCIA
En pronunciamiento fechado domingo 27 y difundido a las egencias informativas – “A la opinión pública”- la guerrillera, poetisa y pintora maoísta, habló claro y fuerte sobre lo acontecido:
“Es abusivo, ilegal, vejatorio y humillante. Han incursionado a la carrera desde la puerta principal hasta las celdas del tercer piso del Pabellón B, profiriendo a gritos agravios a nuestra condición de mujeres y de ciudadanos con derechos”, fue “¡Desproporcionado y evidente provocación”.
“Se han ensañado -prosigue el pronunciamiento- contra quienes gestionan su derecho a la liberación condicional, entre ellas Maritza Garrido Lecca cuyo expediente ya estaba observado ente la presión gubernamental, o a la compañera Margot Liendo de 61 años, víctima de la masacre de Castro Castro, el 92, nunca indemnizada pese a sentencia de la CIDH, con 22 años de prisión efectiva”.
Iparraguirre destaca el trato correcto y respetuoso con las autoridades penitenciarias, incluido el Jefe de Seguridad del Impe quien “también respetuoso nos garantizó de palabra que los objetivos eran drogas, alcohol y artefactos prohibidos”. Esto hasta que intervino la Dincote, “a partir de allí desconocieron todo, ley, delegaturas, respeto, todo”.
HÁBEAS CORPUS CONTRA EL JEFE DEL INPE
El día 26 las prisioneras ya habían presentado un recurso de Hábeas Corpus contra el jefe del Impe José Rodríguez Rabanal, amparándose entre otros, en el artículo 25, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que dice: “Procede el Hábeas Corpus u omisión que vulnere los siguientes derechos. 1. La integridad personal y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes”.
Continúa la argumentación basándose en el inciso 17, primer párrafo: “El derecho del detenido o recluso de no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumpla el mandato de detención o pena”.
REQUISA ILEGAL Y MONTAJE
Los medios de comunicación, ya estaban listos para difundir la requisa y sus sospechosos hallazgos. Pero no dijeron nada acerca de la legalidad del operativo. Es posible que ya no tanto “el papel aguante todo”, sino que “los USB aguanten todo”, como antes “las laptop aguanten todo”.
El operativo lo hicieron “sin ajustarse al Código de Ejecución Penal, con presencia de fiscales que no dieron sus nombres y que ampararon las violaciones que denunciamos”, dice el Hábeas Corpus.
Denuncia el documento. “Las internas no solamente han sido golpeadas y vejadas, sino que se les ha introducido las manos en sus partes íntimas”.
Ante la flagrante agresión y la respuesta de las reclusas que no fue más allá de los reclamos, Marcos Ibazeta –uno de los operadores jurídicos del fujimorismo- se solazaba en los programas a donde acudía para ayudar a orquestar la campaña en marcha, diciendo: “Ahí está ¿ven? ahí se ve que no han renunciado a la violencia”.
En la reciente “Queja por vejaciones, daños materiales y violación de derechos fundamentales”, del 27 de junio, presentada a la Directora, las prisioneras inciden en la desproporcionada presencia de la Dincote como prueba palmaria de que, en efecto, llegaron a realizar un montaje.
Lo que abona la ilegalidad del operativo – según este mismo documento-, es la violación del Código de Ejecución Penal que en su artículo 107, porque sólo puede ingresar la Policía Nacional con autorización de la Directora del Penal, cosa que nunca ocurrió.
EL TRASFONDO DEL ASUNTO
En la “Solicitud de garantías para nuestra vida e integridad”, documento elevado a la Directora del Penal al día siguiente de la requisa, las prisioneras señalan el objetivo del operativo:
“Denunciamos que el inconstitucional, ilegal, arbitrario y abusivo operativo tiene por finalidad hacer un montaje lleno de falsedades para impedir la libertad de los prisioneros políticos, como declarara el Presidente de la República y luego el presidente del Inpe la semana anterior”.
En efecto, Alan García había dicho, “Yo me encargaré de que no salga ningún terrorista”. Y subió los decibeles de su soberbia hasta que quedó bloqueada su memoria mediata y procedió a la trasmutación de las cosas: “Pedir amnistía general para el más grande carnicero de la historia, es apología al terrorismo”.
En suma, amnistía general es “apología al terrorismo”. Por tanto apuntaría contra una lucha totalmente legítima, como afirman diversos analistas, que es la de conseguir una amnistía general.
NECESIDAD DE AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN
Decía Mauricio Mulder a fines de mayo que, “Desde el año 93… Sendero adopta la solución política negociada… el frente bélico lo trastocan por un frente político, un frente social y un frente jurídico”.
“Ya han pasado los años –prosigue- y tarde o temprano los condenados a 20 años cumplirán 20 años. En algún momento la sociedad peruana va a tener que prepararse para cuando salgan… ahora la sociedad peruana no está preparada”. En este punto discrepa con el altisonante García Pérez.
Sobre ese punto, el jurista y consultor internacional, Luis Pásara, señala a los medios de comunicación y a un sector de “extrema derecha”, como promotores de la exacerbación de los ánimos, para oponerse a las libertades condicionales, hacer anticomunismo y de paso, llevarse de encuentro a opciones que él denomina “más moderadas”.
Elena Iparraguirre apunta en ese mismo sentido: “La parte más recalcitrante de la reacción peruana reaviva los momentos más negros de la historia de la humanidad al no tolerar las ideas cuestionadoras de “lo establecido”, por eso persiguen a los marxistas-leninistas-maoístas del Perú, pretenden desaparecer al PCP y extinguir a sus componentes, familiares, abogados, amigos o simpatizantes. Esto es ignominioso, las ideas se combaten con ideas no con represión”
La prisionera maoísta cierra su pronunciamiento con estas palabras: “Lo hecho el jueves 24 de junio de 5 a 5 horas contra 40 mujeres desarmadas y poniendo en zozobra a más de 200 prisioneras de este penal divide en vez de reconciliar, esto perpetúa la represión en vez de amnistiar a todas las partes, esto militariza en vez de dar una solución política para lo cual seguiremos bregando junto al pueblo”.
Rechazamos la proterva campaña negra oficial y mediática montada por la fracción más recalcitrante de la reacción peruana para impedirnos actuar políticamente. La lucha política que hemos abierto nos la quieren cerrar. Temen por que han visto que tenemos el apoyo de las masas, apuntan a impedir nuestra acción política. Alientan y promueven la persecución política contra nuestros dirigentes. Temen que la izquierda los rete, los desenmascare y luche por los derechos del pueblo, quieren que nadie les diga nada para seguir explotando y oprimiendo.
Han usado la liberación de la señora Berenson para impedir la libertad de los presos políticos, específicamente de quienes señalan como dirigentes y que deben salir en libertad porque ya cumplieron sus penas. Han armado campaña moviendo las más bajas pasiones atizando espíritu de venganza, reeditando las posiciones más retardatarias de la historia, alentando la persecución por ideología. Lo han reeditado contra Lori Berenson promoviendo el linchamiento contra una mujer, su pequeño hijo y sus ancianos padres.
El problema de los beneficios penitenciarios es expresión de un Estado de Derecho. Todos los sentenciados, por cualquier delito deben tener derecho a beneficios. García Pérez fue el primero que quitó los beneficios a los sentenciados por “terrorismo”. veinte años después los vuelve a quitar y dice que él personalmente va a impedir que salgan en libertad, interfiriendo en los fueros del Poder Judicial presiona a los jueces, convierte el derecho en venganza, quieren imponer internamiento indeterminado, cadena perpetua sin ley, sin sentencia, porque si dice “yo voy a impedir que salgan” entonces que no salgan nunca. No hay principio de legalidad en el Perú. Apuntan a impedir las libertades de los prisioneros cuando ya cumplieron sus sentencias.
Lo de San Marcos los llevó a la grita y reaccionaron desaforadamente apuntando a convertir en delito el pedido de amnistía y la organización para luchar por amnistía calificando de terroristas. Pretenden criminalizar la amnistía, convertirla en delito de apología. Tendrían que sacarla de la Constitución y meter a la cárcel a otros que también la piden: Valle Riestra, Armando Villanueva, Edgar Núñez, Giampietri, etc. Olvidan que, históricamente quien más ha hecho uso y se ha beneficiado de la amnistía ha sido el APRA. No es delito pedir amnistía, pero García dice “El estado soy yo y para mi es delito lo que yo quiero”, entonces van a deshacer la legalidad. La ley y el derecho lo usan en función de su venganza política. La ley dice que una organización es terrorista cuando hace actos terroristas. ¿Es terrorista organizarse para pedir amnistía? ¿Es acto terrorista ir a una movilización para pedir amnistía? ¿Organizarse para luchar por un derecho es delito? Quieren forzar las cosas. Han empezado por nosotros y después seguirán otros, ya hay antecedentes como el cierre de radios (sigue cerrada “Radio La Voz de Bagua”) quieren intimidar, meter miedo, pánico, quieren castrar el espíritu rebelde de los jóvenes, adocenarlos y meter a la policía a las aulas universitarias, responden como búfalos, atacando a cachiporra. Por el bien del pueblo se debe rechazar esa acción antidemocrática.
Nosotros no somos terroristas, ni nunca lo seremos, nos hemos constituido públicamente para desenvolvernos conforme al artículo 35º de la Constitución Política del Perú y estamos en recolección de firmas para inscribirnos como organización política. Uno de nuestros planteamientos es amnistía general para civiles, militares y policías pero hay una reaccionarización del Estado Peruano que campea. Hemos puesto nuevamente el tema de la solución política sobre el tapete, a la reacción peruana no le conviene que se resuelvan los problemas derivados de la guerra vivida en nuestro país del 80 al 92. Quieren seguir manteniendo la llamada “lucha contra el terrorismo” para usarla según sus intereses y más hoy en coyuntura electoral compiten por quien es el “más duro”. En el campo político aplican la política represiva, negación de los derechos fundamentales, no quieren ver los cambios de la realidad, persiguen libros, persiguen movilización con banderas rojas con la palabra amnistía, promueven linchamiento y discriminación por ideas políticas y quieren modificar la ley de apología que es inconstitucional, pues, la Constitución dice que no hay persecución por razón de ideas o creencias y que no hay delito de opinión.
Llamamos a nuestro pueblo y personalidades democráticas a impedir estas acciones antidemocráticas que denunciamos.
¡Contra la criminalización de la lucha por amnistía!
¡No es delito luchar y organizarnos por la libertad de los presos políticos!
¡Por una nueva Constitución que contemple los derechos fundamentales del pueblo!
¡Restitución de las libertades, derechos, beneficios y conquistas democráticas conculcadas. Defender los derechos fundamentales y del pueblo!
¡Libertad económica para el pueblo. Contra el neoliberalismo y la globalización manifestación actual del imperialismo. Revisión de los contratos con las empresas monopólicas. Defender los recursos naturales. Producción Nacional y trabajo para el pueblo!
¡AMNISTÍA GENERAL PARA CIVILES, MILITARES Y POLICÍAS!
¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡ABAJO LA CAMPAÑA NEGRA CONTRA LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ!
Las condiciones políticas, económicas y sociales, llevaron al desencadenamiento de una guerra revolucionaria en las dos últimas décadas del siglo pasado, dicha guerra ya terminó en 1992, pero quedan problemas derivados que requieren ser resueltos políticamente, pensamos que la mantención de una legislación antiterrorista que se viene aplicando como arma de guerra antisubversiva implicó e implica la violación de los derechos fundamentales de los prisioneros políticos a quienes no solo se les procesó y condenó sin respetar el debido proceso, sino que fueron sometidos a condiciones durísimas de carcelería con lo que se buscó escarmentar, y que hoy se centra contra el Dr. Abimael Guzmán Reinoso, sometido a aislamiento absoluto y con negación de sus derechos, nosotros exigimos el respeto de sus derechos así como de todos los presos políticos, la mayoría de ellos llevan más de 20 años en prisión, sus delitos fueron políticos sociales, para ellos ¡La libertad es un derecho!.
Sin embargo, vemos que a raíz de la Liberación Condicional otorgada a la Señora Lori Berenson, el Estado ha desatado una abyecta campaña contra los prisioneros políticos, los grupos y la facción más recalcitrantes de la reacción peruana atizados y movidos por sus apetitos electorales compiten por quien azuza más contra los que ellos llaman “terroristas”, buscando igual que ayer ganar votos poniendo como “banderita de lucha” un supuesto “rebrote terrorista”, cuestión con la cual vienen traficando por años y en función de sus intereses políticos y económicos no vacilan en magnificar a los mercenarios del VRAE, a quienes levantan, comprobándose que éstos objetivamente le sirven a sus intereses, intereses que no son del pueblo sino totalmente contrarios.
La campaña contra los prisioneros políticos se levanta para impedir sus libertades al haber cumplido sus sentencias tras largos años de prisión, la mayoría más de 20 años y en condiciones durísimas, buscan ejercer su derecho a la libertad que les corresponde, entonces, lo que se ve es reedición de negras acciones realizadas por la reacción desde la antigüedad en la que lapidaban personas por razones ideológicas, y hoy se quiere hacer lo mismo con los prisioneros políticos, es la aplicación del derecho penal del enemigo, por eso siendo personas no se le considera como tales, sino enemigos sin derechos a quienes hay que destruirlos, aniquilarlos y hundirlos en prisión por siempre y en las peores condiciones posible , todo eso, lo rechazamos.
Expresamos nuestra solidaridad con la Señora Lori Berenson Mejia, ex prisionera política, creemos que tiene derecho a la libertad e incorporarse a la vida social cotidiana, así mismo, rechazamos la pretensión de reeditar toda la legislación antisubversiva inconstitucional que fuera dictada durante el Gobierno de facto de Fujimori quien siguiendo los dictados del Imperialismo Norteamericano, implementó una legislación inhumana, degradante, violatoria de los derechos fundamentales de los detenidos políticos, es evidente que en función de este infame objetivo magnifican lo del VRAE.
Nos solidarizamos con los prisioneros políticos del Perú, ellos no son terroristas, son revolucionarios que despojándose de todo interés personal entregaron lo mejor de su vida al servicio del más grande movimiento social revolucionario en la historia de nuestro país , al servicio del pueblo, sus delitos son políticos sociales , y si de pagar se trata, hace tiempo que cumplieron, más de 20 años en prisión así lo prueban, por eso creemos e insistimos que para ellos ¡ La libertad es un derecho!.
Pensamos que la política de odio y venganza que atizan sectores recalcitrantes de politicastros en complicidad con plumíferos ganapanes carentes de objetividad, es contraria a lo que necesita el pueblo , la nación y la sociedad peruana, nuestro país requiere cerrar heridas y no ahondarlas, por ello una vez más, en las actuales circunstancias nos pronunciamos a favor de una ¡Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional!,los hechos corroboran su necesidad como única salida correcta , la guerra revolucionaria iniciada en 1980 y ya terminada, fue un hecho político, entonces, la solución a sus problemas derivados debe ser política, y la forma histórica de solución es la amnistía, una amnistía general, es decir, para ambas partes, solo así podremos marchar a una verdadera reconciliación nacional, por eso también rechazamos la ilegal negación de los beneficios penitenciarios a la que una vez más recurrió el actual gobierno contra los presos políticos, está negación de derechos es parte de la política restrictiva y represiva que el gobierno aplica contra el pueblo peruano al amparo de Leyes y Decretos leyes inconstitucionales que penden como espada de Damocles contra el pueblo, éstas deben ser derogados.
Llamamos a nuestro pueblo, a las organizaciones y personas democráticas y de recta conciencia a solidarizarse con los prisioneros políticos y defender sus derechos como parte de la lucha por los derechos del pueblo.
¡Solución Política, Amnistía general
y Reconciliación Nacional!
¡Defender el derecho ala libertad
de los prisioneros políticos del Perú!
¡Abajo la campaña negra contra los prisioneros políticos!
¡Abajo las inconstitucionales leyes antisubversivas!
¡Abajo la criminalización de las protestas populares!
Me siento un discípulo o maestro apedreado. En la columna Ofidio que apareció el domingo, me apostrofan como el Abogado del Diablo. ¿Por qué? Porque he desarrollado verbal e informalmente en CPN-Radio una posible ley de amnistía o de punto final que ustedes con justicia vanguardista podrían aceptar por ser defensores de los Derechos Humanos de propios y extraños. ¿Cómo comenzó el tema? Me telefonearon para reportearme si yo estaba de acuerdo con el régimen de visitas informal y liberal a Alberto Fujimori. Respondí que sí y que me hallaba en la propia línea del Presidente de la República, quien no se perturbó al respecto y hasta le pareció lógico. Natural; él es hijo de un viejo luchador aprista, García Ronceros, quien pasó lustros en el Panóptico. Por eso le dije a la entrevistadora que debíamos elevarnos y buscar la pacificación nacional, evidentemente no lograda con mezquindades y que me tenía sin cuidado lo dicho por un ex jefe del INPE. Prefería yo las palabras de Alan. Pero agregué: el Perú necesita, sustantivamente, una ley de punto final. Esas leyes se dieron en 1945, excarcelando a centenas de apristas incriminados de hechos violentos y cruentos acontecidos en las catacumbas; se repitieron en 1956, al acabar la dictadura odriísta; y en 1980 con FBT por iniciativa parlamentaria mía. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Las leyes de amnistía no son para los inocentes –que puede haberlos– sino para culpables, que por razones ideológicas o pasionales infringieron el código punitivo desde un punto de vista izquierdista o desde una perspectiva derechista. No solo puede reclamarse amnistía para los militares, que atropellaron en defensa del orden público burgués. Ni tampoco solo una amnistía para la izquierda emerretista o de otra índole. Sería una amnistía hemipléjica. Divagando telefónicamente con mi interlocutora –yo no he presentado ahora ningún proyecto de ley– dije que había que acabar con los procesos de El Frontón (los militares debieron vencer a los insurrectos por cansancio, cercándolos); La Cantuta (los militares debieron llevarlos, malheridos, a un centro hospitalario); Accomarca, Puccayacu (menos explicables, pero acontecidos hace más de un cuarto de siglo, los sujetos activos resultan cromosómicamente iguales, pero psicológicamente son personas distintas y hasta antipódicas por el efecto destructor del tiempo). Como la periodista insistía en si Abimael tenía derecho a casarse, le repliqué que era humano y democrático y cristiano, y que no debía hacerlo por poder, sino personalmente. Y agregué –y allí está el origen del problema– que muchos casos como el de él podrían dar lugar a arresto domiciliario, lo cual sería altamente pacificador. Las amnistías no pueden ser cojas. Lo dicho por mí ha sido una opinión circunstancial, y no un proyecto parlamentario. Aquí lo sustantivo es, más allá de polémicos detalles casuísticos: busquemos la ley de punto final, el Perú la reclama en vísperas del nuevo gobierno 2011-2016, en que incluso debemos tener una Constitución bicameral. Todo nuevo desde el subterráneo. Fíjense lo que le ha pasado al juez Baltasar Garzón, de quien soy amigo y admirador. Lo han sometido a proceso penal por prevaricato y suspendido en la judicatura. Pretendía juzgar la Guerra Civil española empezada el 18 de julio de 1936 y hasta procesar post morten al generalísimo Francisco Franco y a los insurrectos de entonces. Muy estético políticamente; polémico penalmente, pasar a horcajadas sobre la atipicidad, la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada, el sobreseimiento. Buscaba grandes principios, es verdad, pero no era ortodoxo. Aquí nuestra ortodoxia es más fanática. Nace del siglo XVI, de la Inquisición. Se es culpable no solo por hablar, sino por pensar en el fuero íntimo.
Entrevista de Radio San Borja a Jaime Antezana, desmintiendo las declaraciones del Ministro de Defensa, al querer desvirtuar la información, resurgiendo fantasmas de la guerra; y repitiendo lo que el P.C.P. viene dejando en claro: Solución Política, Amnístia General, Reconciliación Nacional.
I.- EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO Y LAS ELECCIONES REACCONARIAS.
- Para el marxismo-leninismo-maoísmo la cuestión de participar o no en las elecciones reaccionarias es problema de táctica no de estrategia.
Marx poco después del Manifiesto de 1848, definió con aguda certeza el carácter de clase de las elecciones en la democracia burguesa como el necesario recambio para mantener su sistema, recambio para el cual cada cierto tiempo convocan a las masas a “elegir” quienes serán sus opresores. Dice: "a los oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada varios años ¡qué miembros de la clase opresora han de representarlos y aplastarlos en el Parlamento!" Y conocida es la experiencia del uso de la socialdemocracia de las elecciones en 1848 y 1870 que sirvió para desenmascarar el régimen de turno y desarrollar las fuerzas nuevas así como su vínculo con las masas. ¿Qué significa esto? que no obstante ser conciente del carácter reaccionario de estas, las elecciones, se las puede usar según las circunstancias y para que sirvan a los objetivos del camino del pueblo.
Lenin, en 1920, escribía "La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo" en cuyo capítulo VII podemos encontrar sus igualmente acertados planteamientos, parte de criticar las posiciones de los izquierdistas alemanes y holandeses quienes con ligereza se oponían al uso de las elecciones esgrimiendo falsos argumentos provenientes de suplantar la realidad objetiva por sus deseos subjetivos; dice que no porque las elecciones o el parlamento tengan un carácter reaccionario haya que rechazarse su uso, y que la cuestión es utilizarlos "a la manera revolucionaria", definiendo la táctica a partir de las condiciones concretas del momento en cada revolución y recomienda además que se estudie la experiencia internacional; en este como en otros textos insiste en que hay que saber combinar la lucha legal con la ilegal en la lucha política. Este capítulo VII es muy ilustrativo, dice Lenin ahí:
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